La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró responsable administrativa y patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de la que fue víctima un ciudadano que estuvo privado de la libertad con base en una orden de captura precluída. La Sala advirtió que la aprehensión ocurrió como consecuencia del defectuoso funcionamiento en la administración de justicia cometido por la entidad demandada, la cual omitió cumplir con del deber de comunicar a las autoridades de policía la pérdida de vigencia de la orden de captura emitida en contra del accionante, en virtud de la preclusión de la investigación (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).