Recientemente, la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó dos importantes temas. El primero tiene que ver con la imposibilidad de acudir a la presunción, según la cual la muerte de una persona menor de 25 años genera una pérdida de ingresos cierta a favor de sus ascendientes, cuando no se demuestra que los hijos contribuyen económicamente con el sostenimiento del hogar y que los padres son beneficiarios de la obligación alimentaria. También adoptó una sola postura frente al marco fundamental de competencia del juez de segunda instancia cuando existe un único apelante. Vea en el documento adjunto las razones de esta decisión (C. P. Danilo Rojas).