Con la Ley 1984 del 2019, que consta de tres artículos, se modifica el artículo 11 del Decreto Ley 1793 del 2000 (régimen de carrera y estatuto del personal de soldados profesionales de las fuerzas militares), así se cambian algunos efectos de la detención preventiva en casos en que sea impuesta a soldados profesionales e infantes de marina

Para los congresistas que impulsaron la ley, el retiro forzado de soldados a quienes se impone medida de aseguramiento es un trato discriminatorio que viola el derecho a la igualdad y la presunción de inocencia.

Disposiciones establecidas

La ley permitirá a los militares suspendidos percibir primas, subsidios y el 50 % del salario básico correspondiente; si es absuelto, deberá reintegrársele el porcentaje retenido.

Cuando la sentencia sea condenatoria, las sumas retenidas pasarán a formar parte de los recursos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.

Sumado a eso, cuando el tiempo de la suspensión sea superior al de la condena impuesta por la autoridad competente se deberá reintegrar el excedente de los salarios retenidos, y si se concede el derecho de libertad provisional no procederá la suspensión de funciones.

También prevé el levantamiento de la suspensión cuando haya sentencia absolutoria, se venzan términos, precluya o se archive la investigación penal, haya una cesación del procedimiento o se revoque la medida de aseguramiento. Una vez ocurra alguna de estas situaciones procesales, el soldado o infante de marina será reincorporado al servicio y devengará la totalidad del salario mensual.

Es de precisar que en el artículo 11 del Decreto 1793, objeto de las modificaciones establecidas, se señalaba que el soldado profesional a quien se le profiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva que exceda de 60 días calendario será retirado del servicio.

Congreso, Ley 1984, Jul. 30/19.