Los agentes interventores de captadoras ilegales de dinero, designados por la Superintendencia de Sociedades en virtud del Decreto 4334 del 2008, expedido al amparo del estado de emergencia social decretado por el colapso de las “pirámides”, tienen la obligación de continuar elaborando la contabilidad regular de los negocios de la intervenida y cancelar las respectivas obligaciones fiscales, conforme a la legislación tributaria. Así lo advirtió recientemente ese organismo, en una circular que explica los alcances de la citada norma, en cuanto a la presentación de información contable y del inventario de bienes, el pago de los gastos de intervención y los honorarios de esos servidores.