Si bien el carácter mixto de los actos administrativos con efectos particulares y generales permite que sean demandables tanto en acción de simple nulidad como de nulidad y restablecimiento del derecho, la persona interesada en algo más que la simple desaparición de los efectos jurídicos del acto, como sería el caso de la indemnización de perjuicios, necesariamente debe acudir a esta última dentro del término de caducidad, es decir, cuatro meses desde que se conoce la decisión, indicó el Consejo de Estado.

Así las cosas, afirmó la corporación, cuando en acción de nulidad y restablecimiento del derecho se demande el acto general, solo es enjuiciable en aquella parte que afecte directa y específicamente los derechos particulares invocados, de manera que el mismo actor no puede invocar por esta vía los derechos de las demás personas afectadas.

El alto tribunal se refirió a la Resolución 1126 de 1996 del entonces Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por la cual se legalizaron unos desarrollos, asentamientos o barrios localizados en el perímetro urbano de Bogotá, que presuntamente afectó varios predios.

La Sala se inhibió y declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción, debido a que sí existía legitimación para atender el requerimiento del solicitante, sin necesidad de que el mismo fuera presentado por la totalidad de los propietarios presuntamente afectados, argumento con el que se le negó por improcedente la acción inicialmente.

(C. E., Secc. Primera, Sent. 25000232400020100004801, mayo 8/14, C. P. Marco Antonio Velilla Moreno)