Colombia necesita hacer una gran revisión a los incentivos económicos que otorga la figura de la acción popular, que ha dejado de ser un instrumento de defensa de la ciudadanía para convertirse en un negocio, y los abusos a los embargos de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) que reciben las entidades territoriales. Así lo afirmó el domingo pasado el presidente Álvaro Uribe, en un llamado a la Rama Judicial y al Congreso de la República.