La Sección Tercera del Consejo de Estado señaló recientemente que la imposibilidad de obtener resolución judicial de un caso penal por prescripción de la acción constituye un daño. Lo anterior entendido como la trasgresión a un derecho constitucional y convencionalmente amparado, que el ciudadano no tiene el deber jurídico de soportar, pues, concluye la Sala, le asiste derecho a que su controversia sea resuelta dentro de las oportunidades legales, cuando el no hacerlo tiene la posibilidad de impedir la resolución de fondo del asunto (C. P. Ramiro Pazos Guerrero).