La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por la privación injusta de la libertad sufrida por un ciudadano, luego de ser objeto de medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva, por haber sido sindicado del delito de hurto de combustible. La decisión de la Sala se basó en que el juez penal correspondiente, después de valorar detenidamente el material probatorio allegado al proceso penal, concluyó que no existían pruebas suficientes sobre la responsabilidad penal por la comisión del ilícito o, lo que es lo mismo, no se logró demostrar que este hubiera cometido el delito por el cual se le investigó y en cuya virtud se impuso una medida restrictiva de su libertad. Esta situación fáctica, a juicio de la corporación, permite verificar el daño antijurídico imputable a la Fiscalía General de la Nación (C. P. María Adriana Marín).