Los servidores públicos que sean secuestrados con posterioridad al ejercicio de su cargo tendrán los mismos derechos de los funcionarios cobijados por la Ley 986/05, sobre protección a víctimas del secuestro y sus familias, mientras dure la inhabilidad. Entre otros beneficios, las víctimas de secuestro, toma de rehenes y desaparición forzada accederán al pago de salarios y prestaciones sociales. Para su aplicación, se tomará como referencia el salario que devengue quien ejerza el cargo en la actualidad.