La Sección Tercera del Consejo de Estado aplicó la teoría de la causalidad adecuada para exonerar al Estado de responsabilidad patrimonial por la muerte de un peatón atropellado por un vehículo oficial cuando eludió usar un puente peatonal. En efecto, la corporación constató que el daño no se materializó por el ejercicio de la actividad peligrosa a cargo de la Administración, sino por la conducta de la propia víctima, quien para ingresar al sistema Transmilenio decidió cruzar la calzada central de una autopista por un punto no autorizado para el tránsito de peatones. A juicio de la Sala, fue la víctima la que creó el riesgo de resultar atropellada por cualquier vehículo que circulara por el lugar (C. P. Danilo Rojas).