De acuerdo con un fallo reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad se estructura a la luz de un juicio autónomo, complejo y sobre una misma unidad fáctica. De ahí que, precisa la Sala, al juez administrativo le corresponde determinar si: i) la investigación en la que se impusieron las medidas de aseguramiento invocadas como fundamento de la reparación demandada concluyó con decisión favorable a la víctima, porque el Estado, en ejercicio del ius puniendi, no logró desvirtuar la presunción de inocencia y ii) valorar los hechos o actuaciones que comprometieron al actor la investigación. Esto último porque las víctimas no pueden alegar, en pro de la reparación, su propia culpa (C. P. Stella Conto Díaz)