Estas son las decisiones más relevantes sobre responsabilidad estatal por graves violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH (2:59 p.m.)

El Consejo de Estado publicó un documento que contiene la selección de 160 providencias relevantes (autos y sentencias) proferidas por la Sección Tercera entre los años 1990 y 2014 sobre responsabilidad del Estado frente a graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). En el primer grupo se encuentran casos que el Estatuto de la Corte Penal Internacional califica como crímenes de guerra en relación con los conflictos armados no internacionales y las violaciones graves del artículo 3° común a los cuatro convenios de Ginebra. En el segundo grupo, los casos se enmarcan dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, tales como ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, tortura, violación sexual, desplazamiento forzado (traslado forzoso), ejecución extrajudicial (asesinato) y otros. Entre los conceptos que resalta este informe está la constitucionalización en Colombia del instituto de responsabilidad estatal por daños, así como la incorporación al orden interno del derecho internacional de los derechos humanos como un gran avance para su protección y garantía, de tal manera que no quede un espacio de inmunidad del control judicial por los daños causados a los asociados, en especial aquellos producidos por la conducta ilegal o arbitraria de los agentes estatales. Aunque los hechos que dieron origen a los procesos judiciales se produjeron antes de la entrada en vigencia en Colombia del Estatuto de Roma, el Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 124, aceptó la jurisdicción de la CPI respecto a crímenes de guerra a partir del 1° de noviembre del 2009 y frente a los crímenes de lesa humanidad y genocidio la competencia fue aceptada a partir del 5 de agosto del 2002, aclara la corporación. Finalmente, se advierte la gran congestión en la Sección Tercera (14.446 procesos) y la decisión de dar prelación a los casos sobre graves violaciones a los derechos humanos cuyos daños se imputen fácticamente a agentes estatales y a grupos armados organizados al margen de la ley. Para conocer en detalle el resumen del caso, las partes que intervinieron, si la decisión fue absolutoria o condenatoria, el evento de la violación, la modalidad de responsabilidad, así como los estándares de reparación se puede consultar el informe y las fichas técnicas en el enlace “ver texto completo”.