La Sección Tercera del Consejo de Estado advirtió que así esté probado el daño (muerte por asfixia mecánica) no es posible atribuir responsabilidad a la Nación ante el escaso material probatorio sobre el nexo causal. En el caso analizado, la demanda se fundamentó en que la muerte habría ocurrido en las instalaciones de la Sijín, por lo que sería el Estado el llamado a responder por los perjuicios del deceso. Para el alto tribunal, tal afirmación no fue probada, ya que solo se allegó copia de la investigación penal adelantada por la Fiscalía, pero el hecho de que fuera aportada en copia simple y fuera de la oportunidad legal imposibilitó su valoración. Enrique Gil Botero presentó aclaración de voto (C. P. Mauricio Fajardo Gómez).