La Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad solidaria de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por los daños causados a un ciudadano, a quien se le canceló el registro de la adjudicación de un inmueble en un remate realizado por un juzgado civil, pues el bien estaba embargado por la segunda entidad en el marco de un proceso de cobro coactivo, pero esto no fue informado oportunamente por las demandadas al despacho judicial ni al demandante. Según la corporación, la omisión de las entidades demandadas de comunicar la existencia de la medida cautelar sí afectó el patrimonio del demandante, el cual está protegido por el ordenamiento jurídico, lo que configuró la falla del servicio (C. P. Hernán Andrade).