Las entidades públicas están obligadas a respetar y cumplir el principio de planeación en la contratación estatal, en virtud del cual la etapa previa o estudios previos se convierten en un elemento indispensable en la estructura no solo de los procesos de selección, sino del futuro contrato y su correcta ejecución, indicó la Contraloría General de la República. La Ley 1150 del 2007 y el Decreto 734 del 2012 introdujeron importantes disposiciones para hacer más efectivo el principio de planeación dentro de los procesos contractuales, señaló la entidad.