Con el fin de mejorar la gestión pública y proteger el erario, la Presidencia de la República les solicitó a los jefes de control interno o a quienes hagan sus veces en las entidades estatales reportar a la Secretaría de Transparencia los delitos contra la administración pública y los actos de corrupción que presuntamente se hayan cometido.

Dicho reporte se debe presentar, por escrito, cuando se evidencie el posible delito contra la administración pública o acto de corrupción, y será remitido por medios electrónicos, siguiendo los formatos y parámetros que se establezcan para el efecto.

La novedad no exime a los funcionarios de la obligación establecida en los artículos 67 de la Ley 906 del 2004 y 9º de la Ley 1474 del 2011. Los aspectos relativos a los reportes realizados, agregó, serán coordinados por la Secretaría de Transparencia.

De acuerdo con el Índice de Percepción de Corrupción 2014, publicado por Transparencia Internacional, dicha percepción en el sector público no presentó cambios significativos en el último año. En efecto, el país obtuvo un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 0 la mayor percepción de corrupción y 100 la menor), lo que lo mantiene en el puesto 94, entre 175 países evaluados.

La organización advirtió que a pocos meses de las elecciones territoriales del 2015, y en el proceso de construcción de paz, el Gobierno debe aumentar los esfuerzos de lucha contra la corrupción y garantizar que tengan un alcance y una implementación efectiva en el nivel territorial.

El año pasado, el presidente Juan Manuel Santos anunció que habría un fiscal permanente para coordinar investigaciones impulsadas desde la Presidencia, se descentralizaría el trabajo que cumple la Secretaría de Transparencia y se fortalecerían aún más las oficinas de control interno.