De acuerdo con la Sección Tercera del Consejo de Estado, los municipios sufren un daño derivado de la inactividad de la administración por razón del retardo en la liquidación y pago de las regalías cuando existe una norma que impone esta obligación. Por ello, dentro del juicio de responsabilidad es necesario realizar un análisis de las normas vigentes en las que se establece, en cabeza de la administración, la prestación ineludible del pago. Según el alto tribunal, solo así es posible determinar la omisión por el incumplimiento de una obligación legal. En el caso analizado, varios municipios solicitaron declarar patrimonialmente responsable al Ministerio de Minas y a Ecopetrol por el pago tardío de las participaciones y/o compensaciones por concepto de regalías correspondiente al año 1996, conforme con lo previsto en la Ley 14 de 1994. Una vez la corporación evidenció la inobservancia frente al mandato legal, declaró a las dos entidades solidaria y patrimonialmente responsables por los perjuicios que sufrieron los municipios demandantes (C.P. Stella Conto Díaz).