La Sección Tercera condenó al Estado a pagarle a una sociedad la suma de $ 1.735’995.758, por los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, luego de declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial por la aprehensión y posterior destrucción de una aeronave. En el caso analizado, el bien fue aprehendido por la DIAN en 1991, se ordenó la devolución en 1998, pero el Ministerio de Defensa manifestó la imposibilidad de cumplir con la orden de entrega definitiva del avión, porque en 1993 había sufrido un accidente. Sobre el lucro cesante, el Consejo de Estado determinó que se debía liquidar mediante trámite incidental y acreditar el monto de la utilidad que representaba la actividad de transporte (C. P. Hernán Andrade Rincón).