El derecho al servicio de alcantarillado es susceptible de ser protegido mediante acción de tutela, cuando la prestación del mismo sea ineficiente o nula y afecte de manera notoria derechos y principios constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida, la salud o derechos de personas en situación de vulnerabilidad, precisó la Corte Constitucional, en fallo del 2013, pero publicado recientemente. La existencia de otros medios de defensa judicial, como las acciones populares, no tornan improcedente el mecanismo de amparo, si se demuestra la violación o amenaza directa al derecho fundamental de la persona que lo interpone, por lo que la intervención del juez de tutela es excepcional.