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Demandas contra el Estado son una vena rota para las finanzas públicas: Contraloría

28 de Agosto de 2017

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Durante los últimos 14 años, las crecientes condenas contra el Estado han obligado a destinar recursos del presupuesto general de la Nación por $ 11,2 billones, según un estudio de la Contraloría General de la República (CGR), que calcula en $ 5.383 billones el total de pretensiones registradas contablemente por las entidades públicas de los órdenes nacional y territorial, a 31 de diciembre del 2016. (Lea: “Ganarle un pleito al Estado debería ser algo muy difícil y excepcional”)

 

De acuerdo con la información reportada por las entidades públicas a la Contaduría General de la Nación, las que registraron mayores pretensiones en millones de pesos fueron:

 

(i) Departamento Administrativo para la Prosperidad Social: $ 3.019.977.214.

 

(ii) Ministerio de Hacienda: $ 783.904.041.

 

(iii) Ministerio de Defensa: $ 616.849.587.

 

(iv) Policía Nacional: $ 526.540.127.

 

El estudio de la CGR también evidenció que pese a las grandes sumas por las cuales están siendo condenadas las entidades, los recursos que se apropian no son suficientes para cubrirlas.

 

Es así como el valor por sentencias ejecutoriadas y conciliaciones pendientes de pago, a diciembre del 2016, ascendió a $ 3,7 billones, y los recursos apropiados en el presupuesto para la vigencia 2017 fueron de $ 777.796 millones, que representan 21 % de lo que quedó pendiente por pagar a la misma fecha.

 

Intereses moratorios

 

Según la CGN, los intereses moratorios agravan toda esta situación, en tanto se deben reconocer al momento del pago de las condenas que, en la vigencia 2016, ascendieron a $ 319.963 millones (el 31 % del total pagado).

 

Al realizar el análisis por entidades del sector, la entidad encontró que el monto de los intereses liquidados y pagados durante la vigencia 2016, respecto del capital de las condenas y acuerdos conciliatorios, correspondió al 57 % para el Ministerio de Defensa, el 53 % en el caso de la Policía Nacional y el 69% para las sentencias y acuerdos conciliatorios de la Fiscalía General de la Nación. 

 

Además, en algunas entidades del sector se reportan intereses moratorios en pago de conciliaciones, lo cual permite inferir que se llega a acuerdos sin disponibilidad presupuestal o las entidades deciden priorizar pagos en otros rubros, mediante traslados presupuestales y que, así mismo, no se pagan oportunamente. (Lea: Consejero pide revisar jurisprudencia unificada sobre responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad)

 

Es así como el valor conciliado total fue de $ 148.171 millones y sus intereses moratorios de $ 51.484 millones (35 %).

 

Tribunales de arbitramento

 

Otro factor que impacta negativamente las finanzas es el relacionado con los tribunales de arbitramento, que, de acuerdo con información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con corte a 8 de junio del 2017, ascienden a 124 tribunales activos, de los cuales 94 % registran pretensiones iniciales por $ 4,8 billones.

 

El 85 % de los tribunales fueron iniciados en los últimos tres años; sin embargo, 41 % del total pertenece a contratos que se suscribieron hace más de una década.

 

Prevención

 

El estudio, elaborado por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, concluyó que “Dada la evolución de los registros contables y de los recursos destinados para cubrir las condenas en contra de las entidades públicas y la representatividad de los intereses moratorios, se hace necesario implementar acciones inmediatas, contundentes y efectivas, con miras a la prevención del daño antijurídico y al fortalecimiento de la defensa jurídica de las entidades”. (Lea: Estado no debe ser sometido a condenas desproporcionadas)

 

La CGR considera que debe mejorarse, también, la planeación presupuestal de las entidades para disminuir los tiempos de mora en el pago de los fallos en contra y lograr atenuar el impacto sobre las finanzas públicas.

 

Contraloría General de la República, Comunicado, 08/23/2017

 

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