El Consejo de Estado recordó que quien pretende la reparación de los daños ocasionados como consecuencia de la acción u omisión de la administración tiene la carga de demostrar los supuestos de hecho de la pretendida responsabilidad estatal. En el caso analizado, los demandantes pretendían la indemnización de los perjuicios sufridos con ocasión de las inundaciones presentadas en parcelaciones rurales, porque, a su juicio, la omisión de la administración en el mantenimiento de los canales de drenaje y riego dio lugar a su desbordamiento. Según el alto tribunal, los accionantes no probaron los daños cuya reparación pretendían, tampoco su carácter de cierto, personal y determinado, ni la ocurrencia de una falla del servicio imputable a la demandada, razón por la cual las pretensiones no podían prosperar (C.P. Ramiro Pazos Guerrero).