Contraloría declara responsabilidad fiscal de exministros de Agricultura por caso AIS

La Contraloría General de la República declaró la responsabilidad fiscal solidaria de los exministros de Agricultura Andrés Felipe Arias y Andrés Darío Fernández y del Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (IICA), por irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro (AIS).

La decisión, adoptada en el Auto 042 del pasado 21 de abril, también cobija a los exviceministros Fernando Arbeláez Soto y Juan Camilo Salazar Rueda, así como de los exfuncionarios de esa cartera Camila Reyes del Toro, Carolina Camacho Vergara, Nohora Beatriz Iregui y Mario Andrés Soto.

En el caso del IICA, se declaró su responsabilidad en calidad de cooperante dentro de los convenios de ciencia y tecnología suscritos con el Ministerio.

De acuerdo con la Contraloría, los funcionarios del ministerio y el IICA desviaron a la contratación de publicidad del programa AIS millonarios recursos públicos que estaban destinados a socializar y divulgar asuntos de ciencia y tecnología al campesinado colombiano, para afrontar los tratados de libre comercio.

“Recursos sobrantes del programa no se reintegraron debidamente al Tesoro y se destinaron a sufragar gastos de publicidad, a través de una agencia, que fue la misma encargada de producir los volantes de la campaña presidencial del exministro Arias”, precisó la Contraloría.

Para el organismo, la cartera de Agricultura, como entidad técnica, debió atender las necesidades de la comunidad agropecuaria en sus distintos escenarios, permitiéndoles su participación activa en la construcción de la política pública diseñada por el Gobierno.

En tal sentido, no es admisible ninguna interpretación que permita convalidar la subcontratación realizada por los ministros y el IICA a través de los convenios de cooperación científica y tecnológica objeto del proceso de responsabilidad fiscal.

Según la Contraloría, el concepto de apropiación, en términos de ciencia y tecnología, no puede ser entendido a la ligera como la apropiación de un bien o un crédito por parte de un campesino para la obtención de maquinaria agrícola. Esa circunstancia, a su juicio, fue mal interpretada por el exministro Arias, que, con su actuar negligente e imprudente, ocasionó la pérdida de recursos públicos por más de 12.115 millones de pesos, concluyó.