En una sentencia proferida en el marco de un proceso de reparación directa, la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizar un informe especial sobre las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (DIH) cometidas con ocasión de la zona de distensión, de forma que se dicten las recomendaciones y medidas que correspondan. En el caso analizado, la corporación condenó patrimonialmente a la Nación por los perjuicios causados a una persona por la pérdida de la explotación agrícola y ganadera de los predios que poseía en una finca ubicada en el municipio de Mesetas (Meta), a causa de la actividad de las FARC, en el contexto de la zona de despeje. Según el fallo, la puesta en marcha de dicha zona generó un daño especial al demandante, ante el desequilibrio en las cargas públicas que tuvo que soportar, al tener que abandonar los inmuebles que poseía, debido a las amenazas del grupo guerrillero. A pesar de que “el desplazamiento forzado del demandante no fue realizado por el Estado ni por sus agentes, este sí se vio propiciado por el uso legítimo de la herramienta de negociación de la zona de distensión”, indicó. Además, el desplazamiento es una clara violación al DIH que amerita la compulsa de copias a la Fiscalía, con el fin de que investigue la actuación de las FARC, añadió la providencia (C. P. Hernán Andrade).