Administrativo
Consejo de Estado exhorta al Gobierno a incluir tema de minas antipersonal en diálogos de paz
31 de Enero de 2014
El Consejo de Estado le hizo un llamado al Presidente de la República para que el tema de las minas antipersonal se incluya en las negociaciones de paz con las FARC, con el fin de buscar una solución a esta problemática que afecta a la población civil.
El pronunciamiento se dio al condenar al Ejército Nacional por la muerte de un joven campesino en el municipio de Yalí (Antioquia) en octubre de 1997, quien activó un rocket que había sido acondicionado por la guerrilla como mina antipersonal.
El caso se remonta a septiembre de ese mismo año, cuando un grupo subversivo atacó el comando de Policía de Yalí. Efectivos de la fuerza pública fueron desplazados a la zona para repeler la incursión y, en su accionar, utilizaron fusiles galil, ametralladoras y lanzagranadas.
Un mes después, el joven campesino se encontraba realizando labores agrícolas en una finca del municipio, cuando, sin percatarse, activó el artefacto explosivo, que le causó la muerte de manera instantánea.
La corporación concluyó que la acción subversiva no era un hecho nuevo, como tampoco lo era el minado de los sitios de los atentados. A su juicio, el Ejército, debió haber demarcado la zona y erradicado los artefactos que estaban allí, como una medida mínima de protección para la población civil. Como no lo hizo, se configuró una omisión de su parte.
El alto tribunal consideró imperativo advertir que en todo proceso de paz es fundamental el compromiso de las partes para que el desminado humanitario sea una realidad en la etapa del posconflicto. De ello, aseguró, depende el establecimiento de una paz estable y duradera.
“… si bien, es evidente que el acuerdo no garantizaría, por sí mismo, la eliminación del problema en el corto o mediano plazo, se hace imperativo incluir la discusión de este punto de cara a la eliminación completa de este rezago de la guerra que lastimosamente se extendería hasta el período del posconflicto”, indica la sentencia.
El Ejército tendrá que pagar como indemnización a los familiares de la víctima cerca de 400 millones de pesos. Además, la sentencia será enviada al Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal.
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