Consejo de Estado discute si modula nulidad de decreto que convocó a extras para hundir reforma a la justicia

Luego de llegar a un consenso sobre la ilegalidad en la expedición del Decreto 1351 del 2012, que convocó al Congreso a sesiones extra para archivar la reforma constitucional a la justicia, la Sala Plena del Consejo de Estado busca determinar si tiene o no facultades para modular los efectos de la decisión.

Un bloque de magistrados considera que lo procedente es decretar la nulidad simple de la norma, ya que, en estos casos, las facultades de esa jurisdicción se limitan a examinar la legalidad de los actos administrativos, y no hay lugar a instrumentos para diferir la aplicación de sus decisiones.

Según quienes defienden esta postura, el Presidente de la Republica debe adelantar las actuaciones de su competencia para promulgar la reforma, lo que, de paso, habilitaría a la Corte Constitucional para examinarla.

Sin embargo, otro grupo apoya la posibilidad de darle un margen de maniobrabilidad al Congreso para que adopte una nueva legislación que reforme el fallido proyecto y evite que este tenga vigencia.

En lo que sí hay un consenso es en la conclusión a la que llegó la magistrada ponente, María Claudia Rojas Lasso, que propone decretar la nulidad del decreto por falta de competencia del Jefe del Estado para expedirlo, pues el Ejecutivo no tiene facultades para objetar actos legislativos.

Los consejeros coinciden en que sería peligroso permitir que el Presidente cuente con esa potestad, que atentaría contra el equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, e implicaría un poder de veto a iniciativas de exclusiva competencia de los constituyentes primario y derivado.