La Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó la sanción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos durante 20 años al exsenador Luis Alberto Gil Castillo, por la comisión de una falta disciplinaria gravísima al promover y auspiciar grupos paramilitares. Lo anterior al encontrar que aquel y el partido político que dirigía, Convergencia Ciudadana, recibieron el apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), a fin de obtener una curul en el Congreso de la República en las elecciones parlamentarias celebradas en el 2002 y el 2006. Así, la corporación indicó que desde el 2017 la Sala Plena ha indicado que la competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar disciplinariamente a los servidores públicos de elección popular con destitución, suspensión e inhabilidad general y especial, cuando se trate de casos de corrupción, solo se encuentra restringida cuando la sanción a imponer suponga una limitante a los derechos políticos. Sin embargo, dicha sentencia no modificó las competencias de la entidad, pero sí exhortó al Gobierno para que en el término razonable de dos años expidan una nueva legislación que armonice las normas internas con las internacionales, particularmente la Convención Americana. Por lo anterior, se encontró ajustada la sanción y se reiteró la importancia de la lucha contra la corrupción (C. P. William Hernández Gómez).