La Sección Tercera del Consejo de Estado redujo en un 50 % la liquidación de los perjuicios reconocidos a los familiares de un recluso que falleció a causa de una intoxicación por la ingesta de bebidas alcohólicas, sustancia prohibida dentro del penal tanto para reclusos como para guardianes. En efecto, el alto tribunal consideró que si bien la posesión de sustancias prohibidas por parte del recluso evidencia una falla del servicio respecto de las obligaciones de custodia, vigilancia y requisa constante por parte de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario, la conducta desplegada por la víctima concurrió en la producción del resultado. Lo anterior, teniendo en cuenta que el fallecido conocía plenamente los riesgos que podía ocasionar el consumo excesivo de alcohol y, en segundo lugar, por contravenir la prohibición en cuanto a la posesión y consumo de bebidas alcohólicas (C. P. Guillermo Sánchez)