Conciliadores de reforma a la justicia no incurrieron en conflicto de intereses

Para la mayoría de la Sala Plena del Consejo de Estado, los congresistas que participaron en la conciliación de la fallida reforma a la justicia, tramitada en el 2012, no fueron los responsables de la introducción de cambios en el articulado que pretendían modificar el esquema de juzgamiento de aforados constitucionales.

Por esta razón, el alto tribunal concluyó que no se podía evidenciar un propósito de legislar en causa propia, ni de obtener beneficios en las indagaciones penales y disciplinarias que enfrentaban estos parlamentarios.

Además, según declaraciones radiales de la presidenta de la corporación, María Claudia Rojas, los legisladores que estaban vinculados a esas investigaciones no estaban obligados a declararse impedidos, pues, para la época, el conflicto de intereses solo regía en el trámite de leyes, no de reformas constitucionales.

Por una mayoría de 18 votos contra 3, el Consejo determinó que los 12 congresistas que participaron en la conciliación del proyecto de acto legislativo no incurrieron en conflicto de intereses, acogiendo la ponencia de la magistrada Rojas, en el sentido de negar las pretensiones de pérdida de investidura.

Únicamente los magistrados Stella Conto, Carmen Teresa Ortiz y Gustavo Gómez presentaron salvamentos totales de voto, a pesar de que, a lo largo de los casi dos años de discusión, surgieron varias tesis relativas al interés directo que habrían tenido los conciliadores en este trámite legislativo.

Cabe recordar que Rojas se vio obligada a retirar su ponencia inicial, conocida en julio del 2013, porque, a juicio de la Sala, adolecía de un déficit probatorio. En atención a esto, el despacho practicó nuevas pruebas, entre ellas indagaciones a funcionarios del Gobierno y legisladores.

Al analizar estos nuevos elementos, la magistrada ponente llegó a las mismas conclusiones sobre el proceder de los demandados. En su criterio, la idea de introducir el supuesto salvavidas para los congresistas que enfrentaban procesos judiciales y administrativos no provino de la comisión.

(Consejo de Estado, Noticia, feb. 15/15)