El Consejo de Estado recordó que la competencia para fijar el régimen salarial de los empleados del sector territorial es concurrente entre el Legislativo, el Ejecutivo y las autoridades locales. Según la Sección Primera de la corporación, las asambleas y los concejos siempre deben respetar los límites máximos fijados por el Gobierno, al momento de determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias. En el caso analizado, el alto tribunal verificó que un acuerdo expedido por el concejo de Floridablanca (Santander) en 1994 no tuvo en cuenta el monto de los viáticos aplicables al alcalde determinados en el Decreto 56 del mismo año. El consejero Guillermo Vargas salvó el voto (C. P. Marco Antonio Velilla).