El principio de igualdad es una de las garantías más importantes, pues impone al Estado y sus autoridades el deber de otorgar a los ciudadanos el mismo trato y protección y, a su vez, reconoce el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades, eliminando cualquier forma de discriminación, explicó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Con base en ello, no puede supeditarse el pago de la indemnización a unas víctimas que cuentan con un derecho reconocido en una sentencia ejecutoriada dentro de un proceso penal especial de Justicia y Paz con el eventual reconocimiento de indemnizaciones de otras que cuentan con un proceso en curso, pues estas últimas no cuentan con un derecho cierto, sino con una mera expectativa (C. P. Álvaro Namén Vargas).