La normativa minera le otorgó a los alcaldes la competencia para suspender en cualquier tiempo, de oficio, por aviso o queja de cualquier persona, la explotación de minerales sin título inscrito en el Registro Minero Nacional, conocer y tramitar el amparo provisional que solicite el beneficiario minero contra los perturbadores y efectuar el decomiso provisional de los minerales que se transporten o comercialicen y que no estén amparados por factura o constancia de las minas de donde provengan, indicó el Ministerio de Minas. Por lo tanto, no están facultados para suspender la explotación de quien ostente un título minero legalmente otorgado e inscrito, a menos que medie una orden de autoridad competente.