Administrativo
Alcalde Petro no podía adoptar por decreto el POT de Bogotá: Consejo de Estado
03 de Abril de 2014
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del Decreto Distrital 364 del 2013, por medio del cual el hoy exalcalde de Bogotá Gustavo Petro modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad.
Según el alto tribunal, el mandatario se abrogó una competencia que, por regla general, corresponde a los concejos municipales y distritales, sin que se dieran los presupuestos excepcionales que le habrían permitido hacerlo.
La Sección Primera advirtió que solo la incapacidad del concejo para decidir sobre un proyecto de acuerdo de esta naturaleza dentro de 90 días calendario habría permitido que el alcalde adoptara el nuevo esquema por decreto, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 810 del 2003.
En el caso analizado, subrayó, la autoridad encargada de darle el visto bueno al proyecto sí se pronunció de fondo, improbando la iniciativa presentada por la administración distrital.
El alto tribunal recordó que el Concejo discutió tres ponencias, una de ellas negativa, que fue la avalada por ese organismo. Incluso, los defensores del nuevo POT presentaron una solicitud de reconsideración que, al ser rechazada por extemporánea, derivó en el archivo definitivo.
Algunas de las modificaciones incluidas en el POT permitían construir viviendas de interés social y popular en estratos altos, mezclar los usos del suelo, modificar el régimen de las áreas forestales, delimitar zonas de reserva campesina, recategorizar territorios protegidos, entre otras medidas.
Además, imponía un nuevo esquema de gestión del riesgo, nuevas normas para el manejo y la conservación de la malla vial y nuevas exigencias para la operación de locales comerciales y el desarrollo de actividades industriales.
Según Planeación Distrital, la decisión del alto tribunal podría detener obras de equipamiento, como la construcción de escuelas, obras viales y otros proyectos, frente a los cuales ya se había adquirido una financiación cercana a los 1.800 millones de pesos.
“En menos de cuatro meses, tras la implementación del POT, recaudamos 1.800 millones de pesos en cargas urbanísticas, mientras que en el primer año (2004) en plusvalías se recogieron 1.400 millones de pesos”, indicó el secretario de Planeación, Gerardo Ardila.
Cabe recordar que, en septiembre del año pasado, se había dado a conocer un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en el que se exponía la misma tesis desarrollada en esta providencia, que decide dejar sin efectos la norma, mientras se resuelve la demanda.
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