De acuerdo con un proceso de auditoría realizado al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones (Foncep), la Contraloría de Bogotá, en ejercicio de la función de advertencia, solicitó al alcalde Gustavo Petro determinar la viabilidad de la continuidad de dicha entidad, teniendo en cuenta las deficiencias administrativas halladas en su misión institucional, tales como la tercerización de funciones en cabeza de particulares. En caso contrario, le pide adoptar las medidas necesarias para superar las actuales limitaciones.