Abren incidente de impacto fiscal por fallo que ordena concurso de procuradores judiciales

La Corte Constitucional aceptó tramitar la solicitud elevada por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, para iniciar un incidente de impacto fiscal contra la aplicabilidad de la Sentencia C-101 del 2013, que declaró inexequible la designación por libre nombramiento y remoción de procuradores judiciales grados 1 y 2.

En ese fallo, que retiró del ordenamiento el artículo 182 del Decreto-Ley 262 del 2000, la Corte determinó que dichas plazas debían ser proveídas por concurso de méritos. Sin embargo, Ordóñez, con base en las facultades que le otorga la Ley 1695 del 2013 para solicitar la modulación o modificación de sentencias que pongan en riesgo el manejo de las finanzas estatales, solicitó la apertura del incidente.

Esta actuación, precisó Corte, está amparada en el artículo 334 de la Constitución, que obliga al Estado a intervenir en la economía para garantizar que la población tenga acceso efectivo a bienes y servicios básicos.

Así las cosas, la corporación le concedió al Procurador un plazo de 30 días hábiles, para que explique las razones que justificarían la modificación, de acuerdo con el artículo 5º de la Ley 1695 del 2013.

La Sala explicó que, según el artículo 6º de la misma norma, el solicitante debe explicar las supuestas consecuencias negativas del cumplimiento de la sentencia, las condiciones específicas que las desencadenarían y los planes concretos que adoptará para el cumplimiento del fallo cuestionado.

Cabe recordar que mediante la Sentencia T-147 del 2013, la corporación le ordenó a la Procuraduría proveer por concurso más de 1.000 plazas ocupadas por funcionarios nombrados en provisionalidad, pese a que se trataba de cargos de carrera.

(Corte Constitucional, Auto 024 (C-101/13), feb. 5/14, M. P. Mauricio González)

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