¿Qué es patrimonio público y cuál es el alcance del derecho colectivo a su defensa?

El patrimonio público es el conjunto de bienes y recursos, cualquiera que sea su naturaleza, propiedad del Estado que le sirven para cumplir sus cometidos, conforme a la legislación positiva, explicó el Consejo de Estado. En ellos se incluyen, además del territorio, los bienes de uso público y los fiscales, los inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de apreciación pecuniaria cuyo titular es toda la población, los valores tangibles e intangibles o no fácilmente identificables tales como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio ambiente.

La garantía colectiva a la defensa del patrimonio público propugna por su protección, en orden a resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas y procura porque su administración sea eficiente, proba y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier detrimento.

De lo expuesto, la Sala deduce que la protección del patrimonio público propende porque “los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales”. Así las cosas, la regulación legal de la defensa del patrimonio tiene una finalidad garantista, la protección normativa de los intereses colectivos; en consecuencia, toda la actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. Para el Consejo de Estado, “el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público enmarcan el principio de moralidad administrativa”.

La Sala especial concluye que la garantía colectiva a su defensa propugna por la protección del patrimonio estatal, en orden a resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas y procura porque su administración sea eficiente, proba y transparente, de acuerdo a la legislación vigente y con el cuidado y diligencia propios de un buen servidor, de modo que se evite cualquier detrimento (M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez).