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Sancionada ley que crea jurisdicción agraria y rural en Colombia

La norma establece tribunales y jueces especializados para atender problemáticas rurales en distintas regiones del país.

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30 de Marzo de 2026

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Fue sancionada una ley mediante la cual se establece la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural en Colombia, en armonía con la Ley 270 de 1996 y el Acto Legislativo 03 de 2023. La norma incorpora esta jurisdicción como parte de la Rama Judicial, con el propósito de atender de manera especializada los conflictos relacionados con la tierra, el campo y las dinámicas rurales, fortaleciendo así el acceso a la justicia en estos territorios.

Estructura institucional del sistema

La nueva jurisdicción estará conformada por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, además de los tribunales y juzgados agrarios y rurales. Estos últimos constituyen la base operativa del sistema judicial y contarán con equipos técnicos e interdisciplinarios que apoyarán la resolución de controversias, teniendo en cuenta las particularidades de los territorios y las comunidades. (Lea: Conozca cómo legalizar predios ocupados durante más de cinco años).

Enfoque territorial y atención diferencial

Asimismo, la ley contempla la creación de Centros de Servicios Judiciales y Administrativos de Apoyo Técnico, así como la figura de facilitadores agrarios y rurales adscritos a la Defensoría del Pueblo. Estos profesionales brindarán orientación jurídica gratuita, especialmente a poblaciones vulnerables, incorporando enfoques diferenciales étnicos, culturales y de género en la atención de los conflictos agrarios y rurales.

Implementación y provisión de recursos

Finalmente, la normativa define criterios para la creación de despachos judiciales, priorizando zonas rurales, territorios PDET y regiones con alta conflictividad en la tenencia de la tierra. También establece concursos de mérito para la provisión de cargos judiciales, con énfasis en conocimientos especializados, y dispone que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para su implementación. A su vez, el Consejo Superior de la Judicatura deberá presentar informes anuales al Congreso sobre el funcionamiento de esta jurisdicción.

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