El caso del bombardeo en la vereda Santo Domingo, municipio de Tame (Arauca), en 1988, donde murieron 17 civiles y 27 más resultaron heridos, fue presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la Comisión Interamericana, por estimar que el Estado no ha cumplido con las recomendaciones que se dieron sobre reparación de víctimas.