Indira López
Socióloga y magíster.
Coordinadora del proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-Colombia”, en Oxfam Colombia

Se estima que, en Colombia, hay 5,9 millones de mujeres rurales (Dane, 2022). Ellas desempeñan un papel crucial en el desarrollo del país, como productoras de alimentos, guardianas del ambiente y agentes de cambio social. Garantizan la seguridad alimentaria, ya que tienen a cargo tanto la siembra y cosecha de los alimentos, como la compra y preparación de comidas destinadas al consumo familiar. Como cuidadoras del territorio, del agua y las semillas, juegan un papel muy importante en la conservación de los ecosistemas, en un contexto de crisis climática y de amenazas y conflictos relacionados con proyectos minero-energéticos y agroindustriales. 

A pesar de esta valiosa contribución, las mujeres en el campo continúan enfrentando múltiples desafíos que limitan su bienestar y oportunidades en contextos culturales basados en el sistema patriarcal. La precariedad y vulnerabilidad se manifiestan en diversas formas, como las violencias, menores niveles de ingresos y una carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidado. En 2020, el 37,3 % de las mujeres rurales estaban en situación de pobreza multidimensional (DANE,2022). Las mujeres afrodescendientes e indígenas comparten discriminaciones basadas en la raza y etnicidad. Los bajos niveles de escolarización, pobreza, acceso a los servicios o empleo y nivel de representación política reflejan el carácter estructural de su exclusión social, económica y política.

En medio de estas condiciones adversas, y aunque carecen de recursos suficientes, las mujeres rurales se han organizado y movilizado para defender sus derechos y revindicar cambios socioculturales y políticos que transforman las relaciones de poder y de género. 

Han luchado por fortalecer su participación en la toma de decisiones, y han aportado en la creación de la institucionalidad para el cierre de las brechas de género y la inclusión del enfoque de género en el Acuerdo de Paz con las Farc-EP; así mismo, han realizado seguimiento a las recomendaciones de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) al gobierno colombiano sobre mujeres rurales, especialmente las relacionadas con la implementación de la política pública de mujeres rurales y la construcción de paz.

Entre 2019 y 2025, el proyecto “Voz y Liderazgo de las Mujeres-Colombia”, implementado por Oxfam con el apoyo del Gobierno de Canadá, se convirtió en una apuesta decidida por el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres, fortaleciendo su capacidad para alzar su voz e incidir en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Esta iniciativa acompañó por 5 años a 19 organizaciones y redes de mujeres en 5 departamentos (Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca), impulsando procesos de cambio social mediante tres estrategias claves: apoyo económico directo a las organizaciones, fortalecimiento organizativo y promoción de alianzas que aseguren la sostenibilidad de los cambios alcanzados.

Las lideresas participantes ocupan ahora más espacios de participación. Han lograron incidir en más de 66 políticas públicas, y participaron en más de 130 espacios de diálogo con entidades de gobierno para posicionar y defender propuestas relacionadas con la prevención de las violencias basadas en género, la participación política, la soberanía alimentaria, la defensa del territorio, los derechos ambientales y culturales. Hoy sus propuestas están vivas y son parte de los planes de desarrollo, leyes, decretos y fondos públicos. Sus acciones contribuyeron en la modificación de la Ley de Mujer Rural y la puesta en marcha del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, que permite que las mujeres rurales tengan acceso a financiamiento para sus actividades productivas; a la creación del Sistema Nacional de Cuidado y los Sistemas Territoriales de Cuidado, y a la inclusión de propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Por su labor de defensa de los derechos humanos, y teniendo en cuenta la fuerte presencia del conflicto armado en las zonas rurales del país, las mujeres y las organizaciones que las integran enfrentan riesgos importantes. Según la organización Somos Defensores, en el 2024 se presentaron 727 agresiones contra 655 defensores, el 27 % en contra de mujeres. En este contexto, fue fundamental apoyar estrategias de protección y autoprotección de la mano con las lideresas. 

Como resultado del fortalecimiento interno, las organizaciones implementaron prácticas que mejoraron su planeación, gobernanza interna, gestión administrativa y financiera, seguimiento, evaluación y comunicaciones; aumentaron su compromiso, impulsaron la participación de personas jóvenes, y lograron expandir su trabajo a otras comunidades. El conjunto de estos resultados condujo a una mayor sostenibilidad de las organizaciones, es decir, que la mayoría de ellas aumentaron y diversificaron sus recursos.

Estos logros demuestran la importancia de trabajar con organizaciones para transformar las desigualdades que afectan a las mujeres en las áreas rurales y afectadas por el conflicto armado en Colombia. Es de gran relevancia fortalecer su rol protagónico en el avance de los derechos y la equidad de género. Las mujeres rurales organizadas desarrollan acciones concretas que promueven los derechos sociales, políticos, económicos y culturales, poniendo siempre en el centro el sostenimiento de la vida: producción agroecológica y fortalecimiento de las economías locales a partir de los saberes propios de las comunidades, procesos educativos incluyentes, formación política y ciudadana para la igualdad, autonomía económica, protección de cuencas, ríos, bosques, manglares y páramos, entre otros. Así mismo, desempeñan un papel decisivo en la modificación de las leyes discriminatorias, políticas gubernamentales, actitudes, normas y prácticas sociales.

A pesar de esto, siguen careciendo de financiación suficiente. A través de alianzas, desde la sociedad civil, la cooperación internacional, es fundamental apoyarlas de manera sostenida, para que sus acciones tengan más impacto, y se logre una mayor participación en espacios de articulación y movilización. Asimismo, es clave que las instituciones no solo fortalezcan el diálogo con las organizaciones de mujeres rurales, sino que este diálogo resulte en la implementación efectiva de las políticas de transformación social en favor de la igualdad de género y de una sociedad incluyente.

Las mujeres rurales son protagonistas de la transformación social en Colombia. Con una agenda clara y profundamente arraigada en sus territorios, impulsan la superación de las desigualdades (una agenda tan urgente en Colombia, el segundo país más desigual de América Latina), y abren camino hacia una paz duradera, con equidad de género, justicia social y ambiental.

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