El Consejo Superior de la Judicatura respaldó el llamado del Gobierno nacional para que el Congreso de la República apruebe, antes del 20 de junio, el proyecto de ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. La solicitud se produjo luego de que los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, radicaran el pasado 4 de mayo un mensaje de insistencia para reactivar el trámite legislativo de la iniciativa presentada desde 2024. (Lea: Sancionada ley que crea jurisdicción agraria y rural en Colombia).

Debate sobre la implementación judicial

Durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural, realizado en Villa de Leyva, magistrados del alto tribunal destacaron la necesidad de consolidar un sistema judicial especializado para resolver conflictos relacionados con tierras y territorios rurales. La presidenta de la corporación, Mary Lucero Novoa, explicó que actualmente se discuten aspectos relacionados con competencias, procedimientos y articulación con otras jurisdicciones, con el propósito de convertir la propuesta normativa en una herramienta institucional efectiva.

Enfoque territorial y garantías rurales

Por su parte, la vicepresidenta de la Judicatura, Claudia Expósito, señaló que se avanza en la construcción de un mapa judicial adaptado a las necesidades de cada región del país. Asimismo, indicó que la justicia agraria requiere enfoques territoriales y diferenciales que permitan responder a las particularidades sociales y económicas de las comunidades rurales. En el evento también participó la ministra Martha Carvajalino, quien afirmó que, en caso de no aprobarse la iniciativa durante esta legislatura, el Gobierno volverá a presentarla el 20 de julio del 2026.

Objetivos del proyecto agrario

El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural fue radicado por el Gobierno nacional en agosto del 2024 y aprobado en primer debate ese mismo año en comisiones conjuntas del Congreso. Sin embargo, desde entonces no ha avanzado en las plenarias de Cámara y Senado. La iniciativa busca contribuir al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016 mediante la formalización de siete millones de hectáreas y la redistribución de otros tres millones de hectáreas, dentro de la estrategia de Reforma Agraria y Reforma Rural Integral.

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