El Gobierno nacional reglamentó el artículo 110 de la Ley 2294/23 y adoptó la política pública de diálogo social (PPDS) en el marco de la seguridad humana. La medida incorpora un nuevo capítulo al Decreto 1066/15 y establece lineamientos para promover la gestión, tratamiento y transformación de los conflictos sociales a través de mecanismos de concertación entre comunidades, organizaciones sociales y entidades públicas.

La política tiene como propósito fortalecer la efectividad del diálogo social para contribuir a la gobernanza territorial, la cultura de paz y la garantía de la seguridad humana en todo el país. Para ello, contempla cinco objetivos específicos enfocados en el fortalecimiento institucional, la reducción de barreras para la participación, el desarrollo de lineamientos normativos y metodológicos, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de capacidades comunitarias para la resolución pacífica de controversias. Además, su implementación estará dirigida a personas naturales, organizaciones sociales y entidades públicas en todo el territorio nacional. (Lea: Diálogo, justicia y democracia: el legado de Habermas para Colombia)

Asimismo, el decreto crea el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida (SNCPV), que funcionará como un componente especializado para promover escenarios de convivencia, diálogo y concertación entre ciudadanos e instituciones. De igual forma, establece el Comité de Observación y Análisis para la Transformación Social (COATS), una instancia técnica encargada de recopilar, analizar y sistematizar información sobre conflictividades sociales para apoyar la toma de decisiones y el diseño de estrategias de diálogo social. Estas herramientas se articularán con el Sistema Nacional de Gestión de Conflictos Sociales y Diálogo Social (SINGESCO).

La ejecución de la política pública estará a cargo del Ministerio del Interior, en coordinación con las entidades que integran el SINGESCO y las autoridades territoriales. El plan de acción tendrá una vigencia de 12 años y contará con mecanismos de seguimiento, evaluación y participación de organizaciones sociales y comunitarias. Además, el Ministerio deberá presentar informes periódicos sobre los avances de la política y los resultados alcanzados en la implementación de los procesos de diálogo social en el país.

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