La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 del 2026, al considerar que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria al establecer un régimen autónomo en materia de negociación colectiva. Según el gremio, la medida vulnera principios constitucionales como la legalidad y la separación de poderes, al intervenir en competencias propias del Congreso de la República. (Lea: VIDEOCOLUMNA: Decreto de negociación colectiva podría imponer cuota sindical y afectar a Mipymes).

Cuestionamientos sobre el alcance normativo

De acuerdo con el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, el decreto no se limita a reglamentar la ley vigente, sino que introduce nuevas disposiciones que modificarían el marco jurídico existente. En particular, se advierte que la norma incorpora contenidos previamente excluidos por el Congreso e impone un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, lo que redefine la estructura de las relaciones laborales en el país.

Impactos sobre empresas y derechos laborales

El gremio también señala que el decreto establece nuevas obligaciones para los empleadores, como el suministro de información económica y estratégica, lo cual podría afectar la libertad de empresa y la protección del secreto empresarial. Asimismo, advierte que se introducen limitaciones al derecho de negociación colectiva, especialmente para sindicatos pequeños, mediante reglas de representatividad que reducirían su capacidad de incidencia en los procesos.

Solicitud de nulidad y suspensión provisional

Finalmente, Fenalco cuestiona la imposición de cargas económicas a trabajadores no sindicalizados derivadas de convenciones colectivas sectoriales, lo que podría interpretarse como una obligación sin representación. En este contexto, el gremio solicitó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo la declaratoria de nulidad del decreto y su suspensión provisional, argumentando que la norma crea nuevas reglas, afecta derechos fundamentales y desconoce la competencia legislativa del Congreso.

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