El Ministerio de Salud declaró de interés público el acceso a los antivirales de acción directa (AAD) contra la hepatitis C, con el propósito de someter sus patentes a licencias obligatorias. Esta medida se fundamenta en el derecho fundamental a la salud y en la Decisión Andina 486 del 2000, la cual faculta al Estado para limitar temporalmente los derechos de propiedad industrial cuando existen motivos de bienestar general o necesidades de salud pública. El objetivo primordial es asegurar que la población acceda a tratamientos efectivos y oportunos, anteponiendo la vida y la dignidad humana sobre intereses comerciales particulares. (Lea: Ordenan al Ministerio de Salud crear protocolos de atención en casos de violencia contra la mujer).

La justificación técnica de esta decisión se basa en el incremento progresivo de los diagnósticos en el territorio nacional, los cuales pasaron de 232 casos en 2015 a 1.883 en 2024, generando una presión financiera creciente sobre el sistema de salud. Según los análisis económicos realizados por la cartera de Salud, el paso hacia la adquisición de medicamentos genéricos permitiría alcanzar una eficiencia presupuestal superior al 92 %, reduciendo el costo por frasco de aproximadamente 4.095.343 pesos a solo 311.908 pesos. Estos ahorros facilitarían la redistribución de recursos para robustecer los programas de detección temprana y seguimiento clínico de los pacientes sin requerir aumentos presupuestales adicionales.

Finalmente, la resolución identifica específicamente las patentes vigentes de las combinaciones de Sofosbuvir, Velpatasvir y Voxilaprevir, principios activos determinantes para tratar diversos genotipos del virus y casos de resistencia a terapias previas. Con la publicación de este acto administrativo, se comunica a la Superintendencia de Industria y Comercio para que proceda con el trámite legal de expedición de las licencias obligatorias. Esta acción estratégica busca que Colombia avance hacia el cumplimiento de las metas de eliminación de la Hepatitis C establecidas por la Organización Mundial de la Salud para el año 2030, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social.

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