En el año 2023, Chile y Colombia presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) una solicitud de opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados de responder a la emergencia climática en el marco del derecho internacional de los derechos humanos (artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento de la Corte).

Luego de 263 escritos provenientes de 613 actores, incluyendo Estados, organismos internacionales, instituciones estatales, comunidades, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, los jueces del tribunal internacional emitieron las siguientes conclusiones.

La emergencia climática se debe al aumento acelerado de la temperatura global, producto de diversas actividades del hombre, las cuales amenazan gravemente a la humanidad, especialmente a las personas más vulnerables.

Esta emergencia climática solo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces de mitigación, adaptación y avance hacia el desarrollo sostenible, articuladas con perspectiva de derechos humanos.

Para la Corte IDH, los Estados tienen la obligación de contrarrestar las causas humanas del cambio climático y proteger a las personas bajo su jurisdicción de los impactos climáticos y deben destinar el máximo de recursos disponibles para proteger a las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad.

Por otro lado, reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos refuerza la protección de los ecosistemas a largo plazo, proporcionando herramientas jurídicas eficaces frente a la crisis planetaria.

Finalmente, demandó producción de información climática, su divulgación para la protección de los derechos humanos frente al cambio climático y definir medidas contra la desinformación.

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