En ningún caso los delitos de lesa humanidad podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar, por la evidente contradicción entre estos y las funciones asignadas a la fuerza pública, señaló el Consejo Superior de la Judicatura al dirimir un conflicto de competencia y dejar en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía la investigación contra varios militares que presuntamente dieron muerte a dos supuestos agricultores en el municipio de Caicedo (Antioquia). La muerte de estos civiles es “una trasgresión a la dignidad de las personas y vulneración de los derechos humanos, por tanto un delito de esta naturaleza siempre ha de ser investigado por la justicia ordinaria”, precisó la Sala Jurisdiccional Disciplinaria (M. P. Pedro Alonso Sanabria).