La Contraloría General advirtió sobre la inviabilidad del proyecto de decreto que propone trasladar recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones. Según el órgano de control, el borrador presentado por el Ministerio de Trabajo presenta riesgos jurídicos y fiscales que impedirían su aplicación bajo la normativa vigente. En particular, el análisis se centra en el traslado de recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al Régimen de Prima Media (RPM), en el marco de la reforma pensional contenida en la Ley 2381 del 2024.(Lea: Así será el traslado obligatorio de recursos pensionales hacia Colpensiones).

Uso de recursos y sostenibilidad

Asimismo, la entidad alertó que el traslado de estos recursos podría derivar en su uso como gasto corriente, especialmente para el pago de mesadas pensionales, lo que afectaría su naturaleza de ahorro a largo plazo. Este escenario implicaría una transformación del destino original de los fondos acumulados por los afiliados. En consecuencia, se generaría una presión sobre la sostenibilidad del sistema pensional, al reducir los recursos disponibles para cubrir obligaciones futuras.

Limitaciones legales y operativas

De acuerdo con la Contraloría, el artículo 76 de la Ley 2381 establece que los recursos deben permanecer en las cuentas individuales hasta que se consolide el derecho a pensión. Por lo tanto, no sería viable trasladar la totalidad de los recursos de los afiliados, ya que la mayoría aún no cumple los requisitos para pensionarse. Además, el Decreto 1225 de 2024 dispone que los recursos deben permanecer en las administradoras hasta la entrada en operación del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, lo que actualmente no ha ocurrido.

Impacto fiscal y revisión constitucional

Finalmente, el organismo de control indicó que la implementación de este decreto podría incrementar el pasivo pensional del Estado, al sustituir ahorro de largo plazo por soluciones de corto plazo. A esto se suma que la Ley 2381 de 2024 se encuentra suspendida y en revisión por la Corte Constitucional. En caso de ser avalada, los recursos serían administrados por el Banco de la República a través del fondo correspondiente, y no por Colpensiones, lo que refuerza la inviabilidad del proyecto actual.

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