El presidente Gustavo Petro radicó ante el Senado de la República una propuesta de consulta popular compuesta por 12 preguntas centradas en la reivindicación de derechos laborales. La radicación se llevó a cabo tras una multitudinaria concentración en la Plaza de Bolívar con motivo del Día del Trabajo. Acompañado por la espada de Bolívar como símbolo, Petro subrayó que el Senado está convocado por la historia y la voluntad del pueblo, no por intereses partidistas. Además, exhortó al Congreso a facilitar la expresión directa de la ciudadanía mediante este mecanismo participativo.

El Gobierno ha intentado en dos ocasiones tramitar la reforma laboral en el Congreso sin éxito. La primera iniciativa, presentada en marzo del 2023, fue archivada por falta de cuórum. La segunda, radicada en agosto del mismo año, avanzó hasta ser debatida y aprobada en la Cámara de Representantes, pero finalmente fue archivada en el Senado en marzo del 2025. Frente a estos obstáculos legislativos, el mandatario anunció la convocatoria a consulta popular para que la ciudadanía decida sobre aspectos fundamentales de las reformas laboral y de salud. (Lea: Gobierno y sindicatos acuerdan aumento salarial del 7 % para empleados estatales)

El trámite de la consulta popular está regulado por la Ley 1757 del 2015, la cual establece que el Senado debe pronunciarse sobre su conveniencia en un plazo máximo de un mes. Si el concepto es favorable, el presidente expedirá un decreto que fijará la fecha de votación, la cual deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes. La decisión del electorado será vinculante, siempre que participe al menos un tercio del censo electoral y se obtenga mayoría simple en las respuestas afirmativas.

Entre las preguntas propuestas se destacan temas como la reducción de la jornada laboral diurna a ocho horas, el pago del 100 % del recargo por trabajo dominical y festivo y la formalización laboral de sectores tradicionalmente informales, como trabajadoras domésticas y conductores. También se contempla la creación de un régimen especial para el sector agrario y un fondo destinado a financiar un bono pensional para campesinos. Asimismo, la consulta plantea fortalecer la contratación a término indefinido y mejorar la protección social de los trabajadores de plataformas digitales.

En caso de ser aprobada la consulta y cumplirse los requisitos legales, el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales estarán obligados a implementar las decisiones populares mediante leyes u ordenanzas. Si no lo hacen dentro de los plazos estipulados, el presidente o las autoridades competentes podrán expedir decretos con fuerza de ley para garantizar su ejecución.

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