Los funcionarios y empleados de la Contraloría General de la República gozan de un régimen especial de pensiones, establecido en el Decreto Ley 929 de 1976. El Consejo de Estado indicó que, según esta norma, estos funcionarios tienen derecho a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% del promedio de los salarios devengados durante el último semestre, cuando cumplan la edad y el tiempo de servicio exigido. Según el alto tribunal, aunque el decreto no definió el concepto de salario ni determinó los factores que tenían el carácter salarial, sí prescribió que se aplicarían supletoriamente las disposiciones del Decreto Ley 3135 de 1968. Por esta razón, concluyó que si la Contraloría certifica emolumentos que haya percibido el funcionario en el último semestre de servicios, estos deben incluirse en la liquidación (C.P. Alfonso Vargas Rincón).