El Consejo de Estado reiteró que la provisión de cargos dentro del concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación no puede extenderse a los que no fueron incluidos en las convocatorias, pues el concurso se agota al nombrarse los cargos objeto del mismo. Señaló además que los trabajadores provisionales que se encuentren en debilidad manifiesta pueden reclamar un trato preferente frente a los demás funcionarios en provisionalidad, por ser personas de especial protección. Por tal razón, la Sección Segunda tuteló los derechos fundamentales a la igualdad, la salud y al mínimo vital de una persona a la cual se le dio por terminado su nombramiento en provisionalidad como fiscal delegado ante los juzgados penales y promiscuos y dejó sin efecto el acto administrativo de la Fiscalía General de la Nación que nombró en su remplazo a uno del listado de elegibles que superó el concurso interno de la entidad. Según el alto tribunal, al actor debía brindársele una protección especial debido a su estado de salud y a que su cargo no podía ser proveído con personas del registro de elegibles porque no fue sacado a concurso (C. P. Alfonso Vargas Rincón).