La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de estudiar de fondo la demanda interpuesta contra el aparte de la Ley de Descongestión Judicial que fija el procedimiento a seguir para el desalojo en los casos de bienes extinguidos o en proceso de extinción (Ley 1395 del 2010, art. 73). El Ministerio Público estimó que el cargo invocado, vulneración al debido proceso, no cumplió los requisitos exigidos para el estudio de constitucionalidad.