El protocolo relativo a la pena de muerte busca que Colombia, sobre una tradición jurídica basada en valores y principios constitucionales, filosóficos y éticos, ratifique a la comunidad internacional su firme propósito de velar por el respeto a la vida humana, señaló la Procuraduría General respecto al aspecto material del trámite del acuerdo en el Legislativo. Sin embargo, luego del análisis formal y de trámite del acuerdo, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible el protocolo y su ley aprobatoria (Ley 1410 del 2010), pues se demostraron vicios en la cadena de anuncios que surtió el proyecto en la plenaria del Senado.